miércoles, 2 de mayo de 2012

Reflexiones tardías sobre YPF


Yacimientos Petrolíferos Fiscales -el nombre completo de YPF- ha sido la gran estrella del mes de abril informativo, no solo en Argentina, sino también en España a raiz de que el lunes 16 por la mañana en Buenos Aires la presidenta Cristina Fernández anunciara la propuesta de una ley para expropiar el 51% del accionariado de la compañía, procedente del algo más de 56% perteneciente a Repsol. La medida y sus repercusiones en Argentina y España es lo que ocupa esta entrada, que tiene más de interrogación crítica que de opinión firme al respecto.

Se veía venir lo que podía ocurrir ese lunes 16, y es que no hacía falta ser corresponsal en Buenos Aires para haber conocido las sucesivas suspensiones de los distintos contratos de explotación que la petrolera tenía en distintas provincias del país -debidas a la falta de extracción e inversiones de la que se acusaba a Repsol-YPF- que se habían producido durante los meses de febrero y marzo.  Además de los bandazos de la primera semana de Pascua, cuando se habló de varios documentos de expropiación -hasta tres en un mismo día- lo que hacía presagiar a ambos lados del Atlántico que algo podía ocurrir.





La recuperación de la 'soberanía hidrocarburífera' era para la presidenta argentina la clave de esta ley anunciada por la voz en off femenina de la Casa Rosada en una comparecencia pública televisada en el mediodía del lunes 16. YPF era intervenida automáticamente y el Estado repartía el 56% antes perteneciente a Repsol en partes 'casi' iguales -51% para el gobierno central, 49% para las provincias productoras de petróleo-.


Prácticamente de seguido los ejecutivos de YPF eran expulsados de la sede en el moderno barrio de Puerto Madero mientras los periodistas llegábamos tarde a montar guardia con un sinfín de dudas acerca del reparto de acciones, de las repercusiones que iba a tener el asunto en España -más aún tras la apocalíptica intervención a cámara del ministrio José Manuel Soria la semana anterior- e incluso de por qué se había expropiado solo a Repsol y no se había tocado, por ejemplo, el 20% de participación de la familia argentina Eskenazi, a la que el propio gobierno argentino ayudó a entrar a cambio de 'futuros beneficios'. 

En esa, como en otra serie de claves, se encuentra 'el meollo' de la expropiación de YPF, una operación realizada por Cristina Fernández con la bandera de la "recuperación", pero que refleja también un gran ejemplo de marketing, de oportunismo político y también, por qué no decirlo, del clásico 'donde dije digo digo Diego'. Han sido muchos los artículos que destacaban cómo Néstor Kirchner y su mujer apoyaron en su momento la privatización de YPF desde el cálculo de intereses de la provincia de Santa Cruz y la disciplina de partido que debían al entonces presidente Carlos Menem, que aunque anunció en esta ocasión que votaría a favor de la estatalización, al final se ausentó de voto en el Senado argentino.

Se trata de una expropiación que entra en uno de los símbolos para los argentinos, la empresa más grande del país, y también uno de los motores económicos de Argentina, financiadora también de muchas infraestructuras sociales. De manera que mentiría si dijera que los argentinos no apoyan la medida, aunque tampoco ocultaré que en muchos casos -menos de los que cabría esperar- se muestra cierto temor a cómo se ha hecho la expropiación, como dijo el exministro de economía Roberto Lavagna.


Frente al argumento, esgrimido por el recientemente célebre viceministro de Economía, Axel Kicillof -cuyo cargo equivaldría en España al del secretario de Estado- erigido en cabeza intelectual del proyecto, siempre bajo la sombra del ministro de Planificación, Julio de Vido, de que Repsol inclumplió con las inversiones que debía haber hecho en Argentina y que se dedicó a repartir beneficios en lugar de incrementar las extracciones de crudo, con lo que provocó el incremento de las importaciones de petróleo argentinas hasta cifras récord, habría que destacar un pequeño detalle. Mínimo, quizás, pero terriblemente importante. Se trata de que, durante todo ese tiempo en el que, en teoría, Repsol YPF 'esquilmó' los pozos petrolíferos argentinos, siempre hubo un representante del Gobierno argentino en el accionariado de YPF, Roberto Baratta, que contaba con una 'acción de oro', que le permitía vetar las decisiones del Consejo de Administración de YPF.

De manera que, pese a los pesares, y al pasado de YPF, el gobierno argentino pudo haber presionado para cambiar la orientación de la compañía -y de hecho lo hizo en el paquete de inversiones aprobado en el último consejo de administración- y no lo hizo, lo que coloca en la misma diana en el que Kicillof ponía a Antonio Brufau y Repsol a su propio gobierno. Todo lo cual no quita el considerar que YPF, como parte de Repsol, también se trata de una filial de una empresa multinacional, que ha explotado los yacimientos argentinos como mejor le convenía dentro de una estrategia internacional que, nos guste o no, no tiene por qué beneficiar obligatoriamente al mercado argentino -aunque podría haberlo hecho si el gobierno argentino hubiera presionado o le hubiera interesado hacerlo.
Gráfico de la composición accionarial de Repsol (Fuente: Repsol)

Lo que sí que ha chocado en Argentina y con todos los argentinos con los que he tratado es la posición de España, por la relevancia de las declaraciones y por la defensa de una empresa que, si bien es de origen español, no es española totalmente en su composición accionarial ni tiene entre sus accionistas al Estado español.


De manera que, si bien el Estado español tiene obviamente que defender a las empresas 'de bandera' española -por sus empleados españoles, por su relevancia para el abastecimiento del país- tampoco acaba de quedar muy claro hasta qué punto merece la pena que España se identifique indisolublemente con Repsol, lo cual también puede acarrear bastantes efectos negativos, los que puedan producirse por ejemplo en el ámbito medioambiental -otra de las 'culpas' que pretende Cristina Fernández asociarle a la petrolera-. Y sobre todo, urge recordar que, tal y como recuerda el gráfico, extraído de la web de Repsol, tan solo un 10,80 por ciento de su accionariado pertenece a accionistas minoritarios españoles, mientras un 9,90 se refiere a 'institucionales' lo que corresponde a fondos de inversión, eso sí, españoles. En total, asumiríanmos un 20% 'patrio' a lo sumo. En ningún caso sumamos participación estatal, por mucha indignación que registremos por medio de nuestro gobierno.
Tabla de la composición accionarial de Repsol (Fuente: Repsol)

Por intentar concluir esto de alguna manera, podríamos decir que, si bien hay que reconocer en la expropiación de YPF la impronta de la demagogia, la búsqueda de símbolos nacionales y la política del 'donde dije digo digo Diego' por parte de Cristina Fernández, tampoco puede que sea la acción más acertada que el gobierno español se erija en escudero de Repsol, quedando la compañía como víctima absoluta de lo sucedido. Si Repsol se beneficiaba de los réditos de ser una empresa realizando negocios en el extranjero, también tendrá que asumir los riesgos, aunque estos lleguen de una operación tan descabellada como a la larga contraproducente para Argentina, que no solo quedará como un socio nacional poco fiable, sino que además, por mucha soberanía energética que reclame, necesitará de nuevo de la ayuda -y el capital, y el conocimiento- que solo las petroleras privadas y extranjeras pueden darle

Porque, por sí misma, difícilmente esta nueva YPF podrá rentabilizar los yacimientos que posee, si no es a través de una alianza que le permita los fondos y las técnicas para excavar. La duda es, ¿quién se atreverá a meterse en el avispero creado por Cristina Fernández? ¿Cuánto tendrán que pagar los argentinos para ser considerados de nuevo como un lugar de negocios fiable? Una pista: las provincias argentinas ya tuvieron que suspender los intentos de financiación vía emisión de deuda internacional.



Hasta la vista, ciberespacio.



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