lunes, 19 de mayo de 2014

Publicar, perseguir y distraer, en Mayhem Revista

La semana pasada publiqué en Mayhem Revista una reflexión a propósito de la intención del Gobierno de actuar por la vía penal contra determinados comentarios en la red social Twitter, expresada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz con la gráfica expresión de "limpiar las redes de indeseables". ¿Puede o debe el Gobierno actuar de oficio en un aspecto que compete más al derecho al honor de las personas individuales que a la censura del Ejecutivo? 
Who’s been using my phone?(Foto: Chris Isherwood)
Las elecciones europeas suelen ser una etapa en la que en España tradicionalmente se habla de todo menos de asuntos europeos. Su importante vertiente nacional –ya que los partidos suelen tomarlas más como un sondeo de mitad de legislatura pagado por el erario que como un verdadero debate sobre la realidad comunitaria– provoca que las grandes formaciones políticas las utilicen para soltar ‘globos sonda’ para medir la permeabilidad de los electorados a aspectos concretos, o para perjudicar al adversario.

En este sentido se entiende la idea de la ‘Gran Coalición’ PP-PSOE lanzada por el candidato popular Miguel Arias Cañete en un momento en el que sus oponentes socialistas precisamente penaban para diferenciarse lo más posible de los populares, con operación de marketing incluida. La habilidad de recoger una idea que ya estaba en el imaginario colectivo desde hace tiempo -el bipartidismo estanco- permitió a los estrategas populares meter un tema en el debate que terminó  apelando hasta al sanctasantórum del socialismo, Felipe González, preguntado por el asunto en El Objetivo de La Sexta y no muy reticente a este tipo de acuerdo, si bien con una opinión mucho más matizada de lo que se ha dicho después.

Lo que ha ocurrido en el interín de esta campaña europea tan poco europea es que un suceso se ha cruzado en el camino. El asesinato de la presidenta de la diputación de León y del PP provincial, Isabel Carrasco, ha provocado que el foco de la actualidad se ponga en un hecho más propio de las páginas de sucesos que de las de política. Al debate esperable sobre los días de luto, la paralización o no de las campañas –Juan Carlos Monedero, de Podemos, reflexionaba ayer sobre los motivos para paralizar una campaña- se ha sumado las interpretaciones sobre el suceso que exceden lo que es: un crimen común que no parece tener causalidad política, y que por lo tanto no debería tener interpretaciones políticas.

Un ejemplo de interpretación política del suceso puede ser el editorial de ayer de El Mundo, que lanza la piedra “una parte de la ciudadanía considera que éstos [los políticos] están en la raíz de todos sus problemas y donde antes había respeto o indiferencia se reproducen ahora escenas de violencia” y luego esconde la mano “No queremos decir que ésta haya sido la causa del crimen, pero sí hay que constatar que este caldo de cultivo contribuye a erosionar la relación con unos políticos a los que se ve ahora como enemigos”. También ABC lanzaba ayer un texto similar.

Escribe hoy, también en ABC, el columnista David Gistau que “hacer oportunismo con un asesinato en el que todo apunta a motivos personales es, además de una imprudencia, un ejercicio de deshonestidad intelectual”. Sin embargo, el oportunismo no tiene que ver sólo con atribuir causalidad al suceso, sino también con cómo se manejan las consecuencias.

¿Limpiar las redes?

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció ayer que pedirá a Policía y Guardia Civil que investiguen los mensajes publicados en la red social Twitter que puedan ser considerados injuriosos contra Isabel Carrasco a raíz de su asesinato. Tuits que ha descrito como “actos de apología del delito y del odio”. “Hay que limpiar las redes de indeseables”, ha dicho el ministro, según palabras recogidas por Europa Press.

Al tiempo, una concejala socialista en la provincia de Pontevedra ha dimitido ya, forzada por su grupo político tras comentar en Facebook a propósito del asesinato que “quien siembra vientos, recoge tempestades” y otra edil de otra localidad pontevedresa dimitirá hoy por un motivo similar.

Que Fernández Díaz quiera lanzar una operación de “limpieza de redes” en Twitter demuestra hasta qué punto nuestro ministro del Interior no conoce esta red social, pero también la inconsciencia de los propios usuarios hacia lo que hacemos y decimos en las redes.

La libertad de expresión, reconocida constitucionalmente en el artículo 20 de la Constitución Española, tiene, según la misma ley, los límites del derecho al honor de las personas, a la propia imagen, y las protecciones a la intimidad y a la infancia.

Es a estos derechos -honor, intimidad, propia imagen- a los que las personas en su actuación individual pueden apelar para ser defendidos por ellos en los tribunales. Incluso por declaraciones realizadas en Twitter. Así lo hizo, por ejemplo, la delegada del Gobierno en Madrid Cristina Cifuentes, en un caso cuya sentencia ha terminado en multa al tuitero, que mostró su conformidad y se comprometió a pedir perdón.

Sea o no proporcionada la condena, parece que tiene sentido el caso de Cifuentes: una persona que se siente injuriada por cualquier medio de difusión tiene el derecho de pedir individualmente el resarcimiento de ese delito. Sin embargo, en el caso del Gobierno con los tuits -de mal gusto y condenables en cualquier caso- sobre el asesinato de Carrasco se plantean muchas dudas. ¿En qué momentos, y en cuáles no, el Gobierno va a poner a la Policía a proteger las injurias contra una persona? ¿A qué personas se protege y a cuáles no? ¿Esta reacción está motivada porque sean injurias en Twitter, si fueran en un periódico el Gobierno ya no entraría, o sí?

Entender Twitter como un lugar unívoco con intencionalidades concretas -que se está convirtiendo en un lugar "poco recomentable", según Alfonso Alonso, portavoz parlamentario del PPtiene el mismo sentido que asumir que la barra de un bar tiene opinión propia. Twitter no es más que el soporte donde ciertas personas expresan sus ideas: acertadas, equivocadas, censurables o dignas de aplauso. Que el Gobierno decida arbitrariamente poner a la Policía a perseguir determinadas opiniones sin mediar una denuncia de las partes afectadas es, cuanto menos, peligroso.

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